Nuevo proyecto de ley en Colombia: así buscan sancionar a los deudores de alimentos morosos

El incumplimiento de la obligación alimentaria es uno de los problemas jurídicos más frecuentes y dolorosos en Colombia. Cientos de miles de niños, niñas y adolescentes ven afectado su bienestar porque uno de sus progenitores no cumple con el pago de la cuota alimentaria fijada por un juez o acordada en conciliación. Ante esta realidad, un nuevo proyecto de ley en la Cámara de Representantes busca endurecer significativamente las sanciones contra los deudores morosos de alimentos, más allá de las medidas ya existentes en el ordenamiento jurídico colombiano.

¿Qué propone el proyecto de ley?

La iniciativa legislativa, que cursa actualmente su trámite en el Congreso, plantea un conjunto de medidas restrictivas para quienes incumplan de manera reiterada y comprobada con sus obligaciones alimentarias:

Inhabilidad para contratar con el Estado: la Ley 2097 de 2021 establece que el deudor alimentario moroso inscrito en el REDAM no puede contratar con el Estado hasta ponerse al día con sus obligaciones. Adicionalmente, se le impide tomar posesión de cargos públicos, salir del país y acceder a ciertos créditos o enajenar bienes.

Impedimento para contratar con el Estado: quienes figuren en el registro de deudores alimentarios no podrán celebrar contratos con entidades públicas mientras persista la mora. Esta restricción apunta directamente al bolsillo de quienes tienen actividad empresarial o profesional con el sector público.

Reporte a centrales de riesgo: de aprobarse el proyecto, el incumplimiento de la obligación alimentaria podría ser reportado a las centrales de riesgo crediticio, lo que afectaría el historial financiero del deudor y su acceso a créditos, tarjetas y productos financieros.

Restricciones para viajar al exterior: la iniciativa también contempla la posibilidad de suspender o negar el pasaporte a quienes tengan obligaciones alimentarias pendientes sin justa causa, una medida que ya existe en varios países de América Latina.

¿Qué dice la ley actual sobre los alimentos?

El marco legal vigente ya contempla mecanismos para proteger a los beneficiarios de alimentos. El Código de la Infancia y la Adolescencia establece que los alimentos son una obligación de orden público e irrenunciable (el derecho a pedirlos no puede renunciarse). Importante: los bienes del deudor sí son embargables para garantizar el pago —el juez puede decretar embargo de hasta el 50% del salario del obligado—, y los créditos por alimentos gozan de prelación sobre todos los demás créditos. Cuando el deudor incumple, el acreedor puede acudir a procesos ejecutivos de alimentos, y en casos graves la deuda puede derivar en una acción penal por inasistencia alimentaria, tipificada en el artículo 233 del Código Penal con penas de prisión de 16 a 54 meses (o 32 a 72 meses si el afectado es un menor de edad).

Sin embargo, los operadores jurídicos reconocen que la realidad del cumplimiento dista mucho del ideal: los procesos son lentos, las pruebas de capacidad económica del deudor son difíciles de obtener y muchos beneficiarios desisten ante la complejidad del sistema.

¿Cuál es el estado actual del proyecto?

El proyecto se encuentra en debate legislativo en la Cámara de Representantes y aún debe surtir varios debates antes de convertirse en ley. Los ponentes destacan la urgencia de la medida, dado que Colombia tiene un alto porcentaje de hogares monoparentales —en su mayoría encabezados por mujeres— que cargan solos con la responsabilidad económica de los hijos ante el incumplimiento del otro progenitor.

Organizaciones de la sociedad civil han respaldado la iniciativa, aunque algunos juristas plantean reparos constitucionales, especialmente en relación con los reportes a centrales de riesgo y las restricciones de movilidad, que podrían colisionar con derechos fundamentales si no se diseñan con las debidas garantías procesales.

¿Qué puedes hacer si eres víctima de incumplimiento alimentario?

Si eres padre, madre o representante de un menor que no está recibiendo la cuota de alimentos a la que tiene derecho, tienes varias opciones legales. Puedes iniciar un proceso ejecutivo de alimentos ante un juez de familia, acudir a una conciliación en un centro de conciliación o en la Defensoría del Pueblo, o presentar una denuncia penal por inasistencia alimentaria si el incumplimiento es grave y sistemático.

Ariel, el asistente legal con inteligencia artificial, puede orientarte sobre los pasos a seguir en tu caso específico, los documentos que necesitas y qué instancias son las más adecuadas para tu situación. Contar con orientación jurídica desde el primer momento puede marcar una diferencia real en el desenlace del proceso.

Conclusión

El debate sobre las obligaciones alimentarias pone de relieve una tensión permanente entre los derechos de los menores a recibir alimentos y las garantías procesales de los obligados. El proyecto de ley que cursa en el Congreso busca inclinar la balanza hacia una mayor protección de los beneficiarios, con medidas que van más allá del proceso judicial y tienen un impacto directo en la vida cotidiana del deudor. Su aprobación o no definirá un hito importante en la protección de los derechos de los niños y niñas colombianos.

El contenido de este blog fue generado con ayuda de Ariel, el asistente legal de inteligencia artificial en Colombia y la supervisión humana del equipo jurídico de Ariel.

También te puede interesar

→ Nuevos permisos remunerados de la Reforma Laboral 2025 (Ley 2466)

→ Reforma Pensional Colombia 2024: cómo funciona la Ley 2381