El nuevo salario mínimo para 2026: análisis jurídico de un incremento histórico y su efecto dominó
El Gobierno Nacional ha oficializado, mediante el Decreto 1469 de 2025, el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) para el año 2026, fijándolo en la suma de $1.750.905. Este ajuste, que representa un incremento del 23% respecto al año anterior, trasciende la mera actualización de una cifra económica. Se trata de una decisión con profundas raíces constitucionales y un alcance sistémico que impactará a trabajadores, empleadores, pensionados y la estructura de costos del sistema de seguridad social. Este análisis explora los fundamentos jurídicos detrás de esta medida y desglosa sus principales implicaciones prácticas.
El fundamento constitucional del incremento: más allá de la inflación
La decisión de incrementar el SMLMV en un 23% no responde a una fórmula matemática automática, sino a una ponderación de criterios legales y constitucionales. Si bien la Ley 278 de 1996 establece parámetros como la meta de inflación, la productividad y el crecimiento del PIB, el Gobierno ha enmarcado este ajuste en un mandato superior: la materialización del "salario mínimo, vital y móvil" consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.
El propio decreto argumenta que la medida está orientada a "cerrar de manera sustancial la brecha de suficiencia material" entre el ingreso mínimo legal y las necesidades reales de los trabajadores y sus familias. Esta "suficiencia material" es la esencia del concepto de salario vital, que el Código Sustantivo del Trabajo define como aquel que permite al trabajador "subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural".
En este sentido, la motivación del Gobierno se alinea con la jurisprudencia constitucional, que ha reiterado que las decisiones en materia salarial deben:
"(...) asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos (...)".
Por tanto, el incremento del 23% se presenta como un avance progresivo hacia la realización efectiva de este principio, ponderando la protección del poder adquisitivo con la sostenibilidad macroeconómica y la generación de empleo.
El efecto dominó: implicaciones en seguridad social y parafiscales
El SMLMV funciona como la unidad de medida fundamental para el Sistema de Seguridad Social Integral. Su aumento genera un efecto dominó inmediato sobre las bases de cotización y los topes del sistema.
1. Base mínima y máxima de cotización
Tanto para trabajadores dependientes como para independientes, la base de cotización a salud, pensión y riesgos laborales no puede ser inferior a un SMLMV. Con el nuevo valor, el aporte mínimo que debe realizarse al sistema se eleva considerablemente. De igual forma, el tope máximo de cotización, fijado en veinticinco (25) SMLMV, también se incrementa, lo que tiene un impacto directo sobre los trabajadores con salarios altos, cuya base de aporte se verá expandida.
Para los contratistas independientes, cuyo Ingreso Base de Cotización (IBC) corresponde como mínimo al 40% del valor mensualizado del contrato, la regla se mantiene: en ningún caso el IBC podrá ser inferior a un SMLMV.
2. Reajuste de pensiones
Una de las implicaciones más significativas se encuentra en el reajuste de las pensiones. El artículo 14 de la Ley 100 de 1993 establece un sistema dual de ajuste:
"(...) las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno."
En contraste, las pensiones superiores a un salario mínimo se reajustan anualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto significa que, para 2026, los pensionados de salario mínimo recibirán un aumento del 23%, mientras que los demás pensionados recibirán un ajuste considerablemente menor, equivalente a la inflación del año anterior. Esta disparidad amplía la brecha entre los diferentes rangos pensionales.
Impacto en otras figuras laborales y económicas
El alcance del SMLMV se extiende mucho más allá de la nómina y la seguridad social, afectando diversas obligaciones y beneficios.
1. Auxilio de transporte
En coherencia con el principio de "unidad de la política salarial", el Gobierno expidió el Decreto 1470 de 2025, que fija el auxilio de transporte para 2026 en $249.095. Este ajuste busca preservar la función compensatoria del auxilio frente a los costos de desplazamiento, evitando que el poder adquisitivo del salario se vea mermado por este gasto. Es importante recordar que este beneficio se sustituye por un auxilio de conectividad digital para quienes trabajan a distancia y devengan menos de dos SMLMV.
2. Inembargabilidad del salario
El Código Sustantivo del Trabajo protege el salario mínimo al declararlo inembargable. El incremento a $1.750.905 amplía el monto protegido de los ingresos de los trabajadores. La ley solo permite el embargo de hasta el 50% en casos excepcionales, como deudas con cooperativas o para cubrir pensiones alimenticias.
3. Incentivos al empleo y pólizas de garantía
Diversos programas gubernamentales y obligaciones legales están indexados al SMLMV. Por ejemplo, los incentivos a la creación de nuevos empleos formales, como el programa "Empleos para la Vida", se calculan como un porcentaje del SMLMV. Por lo tanto, el valor de estos subsidios estatales para los empleadores aumentará en 2026.
De igual manera, obligaciones como la póliza de garantía que deben constituir las Empresas de Servicios Temporales para asegurar el pago de salarios y prestaciones, fijada en un mínimo de quinientas (500) veces el SMLMV, también deberá ser actualizada a un valor superior.
Conclusión
El aumento del salario mínimo para 2026 es una de las decisiones de política salarial más significativas de los últimos años. Lejos de ser un simple ajuste inflacionario, se presenta como una medida deliberada para avanzar hacia el ideal constitucional de un salario vital. Sin embargo, su impacto sistémico genera un nuevo escenario para el mercado laboral y la seguridad social, incrementando los costos para los empleadores, reconfigurando el panorama pensional y revalorizando una serie de beneficios y obligaciones indexadas. El verdadero desafío será equilibrar la protección del ingreso de los trabajadores con la sostenibilidad empresarial y la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo.
Fuentes
- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. (2024). Concepto CCE 559 de 2024.
- Congreso de Colombia. (1993). Ley 100 de 1993 - Ley del Sistema de Seguridad Social Integral.
- Consejo de Estado. (2022). Sentencia 25000-23-37-000-2017-00712-01(25421)-2022.
- Ministerio del Trabajo. (2024). Resolución 3980 de 2024.
- Ministerio del Trabajo. (2023). Resolución 4451 de 2023.
- Presidente de la República de Colombia. (2025). Decreto 1469 de 2025.
- Presidente de la República de Colombia. (2025). Decreto 1470 de 2025.
- Presidente de la República de Colombia. (2015). Decreto 1072 de 2015.
- Presidente de la República de Colombia. (1950). Decreto Ley 2663 de 1950 - Código Sustantivo del Trabajo.
El contenido de este blog fue generado con ayuda de Ariel, el asistente legal de inteligencia artificial en Colombia y la supervisión humana del equipo jurídico de Ariel.
