Inteligencia artificial y jurisprudencia: Claves para una investigación jurídica eficiente y ética en Colombia

La transformación digital, impulsada por normativas como la Ley 2213 de 2022, ha abierto las puertas de la administración de justicia en Colombia a un uso cada vez más intensivo de las tecnologías de la información. En este escenario, la inteligencia artificial (IA) generativa emerge como una herramienta con el potencial de revolucionar la investigación jurídica, prometiendo optimizar la búsqueda y el análisis de jurisprudencia. Sin embargo, su uso indiscriminado conlleva riesgos significativos que ya han sido objeto de pronunciamientos por parte de las altas cortes, llegando incluso a invalidar decisiones judiciales por su aplicación indebida. Este análisis explora cómo identificar y citar jurisprudencia de manera efectiva, integrando los principios éticos que deben guiar el uso de la IA en el derecho.

¿Qué es la jurisprudencia relevante y cómo identificarla? El valor del precedente

Antes de delegar cualquier tarea a una herramienta tecnológica, es fundamental comprender qué se busca. En el sistema jurídico colombiano, la jurisprudencia no es un mero conjunto de decisiones pasadas; es una fuente de derecho con fuerza vinculante. El precedente judicial ha sido definido por la Corte Constitucional como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe ser considerado necesariamente por un juez o una autoridad al momento de dictar sentencia.

La clave para identificar la jurisprudencia relevante radica en distinguir sus componentes. Toda sentencia tiene dos partes en su motivación: la ratio decidendi y el obiter dictum. La ratio decidendi está compuesta por las subreglas concretas que el juez formuló para resolver el problema jurídico planteado, y es esta la que actúa como precedente vinculante para casos futuros con situaciones fácticas análogas. Por otro lado, el obiter dictum corresponde a argumentos generales que no son indispensables para la decisión y, por tanto, no tienen carácter normativo.

Identificar la ratio decidendi es un ejercicio de interpretación que requiere un análisis profundo de los hechos del caso, el problema jurídico y los argumentos centrales que sustentan el fallo. Este es el primer filtro de calidad que debe aplicar el profesional del derecho, y que debe ser verificado de manera rigurosa cuando se apoye en herramientas de inteligencia artificial.

La inteligencia artificial como herramienta de apoyo: oportunidades y límites

El Consejo Superior de la Judicatura ha reconocido el potencial de la IA para mejorar la eficiencia y el acceso a la justicia. En el Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024, se establecen una serie de usos permitidos para estas herramientas, entre los que se incluyen tareas de apoyo a la gestión judicial que requieren revisión detallada, tales como la búsqueda, recopilación, ampliación y síntesis de información relacionada con un caso; la clasificación, consulta y referenciación jurisprudencial, de precedentes y líneas jurisprudenciales; y el resumen de jurisprudencia o sentencias ejecutoriadas.

No obstante, es crucial entender sus limitaciones. La IA generativa no razona; su arquitectura se basa en la predicción de secuencias de texto a partir de los datos con los que fue entrenada. Esto significa que es incapaz de sustituir el razonamiento humano y que sus respuestas, aunque coherentes en apariencia, pueden carecer de veracidad o precisión jurídica.

Cuando la IA “alucina”: decisiones judiciales bajo la lupa de la Corte Constitucional

El riesgo más notorio de las herramientas de IA no especializadas es su tendencia a las denominadas “alucinaciones”, es decir, a inventar datos, citas o precedentes que parecen verídicos pero son falsos. Este fenómeno ya ha tenido consecuencias en el ámbito judicial colombiano.

Un caso paradigmático es el analizado en la Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional. En este proceso, un juez de tutela fundamentó parte de su decisión en información proporcionada por ChatGPT. Al revisar el fallo, la Corte encontró serias irregularidades que comprometían el derecho al debido proceso.

El problema central fue que la IA suministró información jurídica imprecisa. El juez indagó sobre la exoneración de cuotas moderadoras para niños con trastorno del espectro autista, y la herramienta indicó erróneamente que esta se regulaba por una norma que no resultaba aplicable, cuando el marco normativo pertinente era completamente distinto.

Este error llevó a la Corte a cuestionar si la decisión fue producto del razonamiento humano de un juez o de las alucinaciones y sesgos generados por la IA. La providencia advierte que un juez incumple sus deberes cuando no realiza de manera rigurosa la verificación de la fiabilidad de la información que soporta la motivación del fallo, pudiendo comprometer la independencia o imparcialidad judicial.

Principios para el uso ético y responsable de la IA en la práctica jurídica

A partir de estos casos, la jurisprudencia y la regulación administrativa han decantado una serie de principios que deben regir el uso de la IA en el derecho, cuya observancia es obligatoria para los operadores judiciales y constituye una guía ética indispensable para los abogados litigantes.

No sustitución de la racionalidad humana. La IA puede usarse para tareas de gestión y apoyo, pero nunca para reemplazar labores jurisdiccionales indelegables e irremplazables, como la interpretación de los hechos, la valoración de las pruebas, la motivación de la decisión o la adopción del fallo.

Transparencia. El operador judicial o el abogado que utiliza IA tiene el deber de exponer claramente cuál fue el uso, el alcance y la ubicación en las actuaciones o decisiones de los resultados obtenidos mediante estas herramientas. No se trata de citar a la IA como una fuente, sino de ser explícito sobre qué parte del trabajo fue asistida tecnológicamente para garantizar el derecho de contradicción.

Responsabilidad y verificación. El profesional del derecho es el único responsable del producto final. Esto exige verificar la información suministrada por la IA, comprendiendo sus riesgos y limitaciones. Como lo evidenció la Sentencia T-323 de 2024, confiar ciegamente en sus resultados puede llevar a errores graves que vician la validez de un argumento o una decisión.

Privacidad. Debe garantizarse la protección de los datos personales y sensibles, evitando introducir información confidencial de los casos en plataformas de IA de uso general.

Implicaciones prácticas y conclusión

Para el abogado, la consigna es clara: la IA es un asistente de investigación, no un jurista autónomo. Se puede utilizar para obtener un listado inicial de sentencias sobre un tema, para generar resúmenes preliminares o para mejorar la redacción de un texto. Sin embargo, cada cita, cada norma y cada precedente sugerido por la IA debe ser verificado rigurosamente en las fuentes originales.

Citar correctamente la jurisprudencia en la era de la IA implica un doble deber: primero, el deber tradicional de identificar la ratio decidendi y aplicar el precedente de manera adecuada; y segundo, el nuevo deber de transparencia y responsabilidad al usar tecnologías de asistencia. La eficiencia que promete la IA solo será valiosa si está subordinada al rigor intelectual, la ética profesional y la insustituible labor del razonamiento humano.

Fuentes

• Consejo Superior de la Judicatura. (2024). Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024.
• Contraloría General de la República. (2025). Oficio Jurídico 001 de 2025.
• Corte Constitucional de Colombia. (2012). Sentencia T-517 de 2012.
• Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia de Unificación SU-213 de 2024.
• Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia de Tutela T-323 de 2024.
• Instituto Colombiano de Derecho Procesal. (2024). Memorias del XLV Congreso Colombiano de Derecho Procesal.
• Procuraduría General de la Nación. (2022). Circular 4 de 2022.

El contenido de este blog fue generado con ayuda de Ariel, el asistente legal de inteligencia artificial en Colombia y la supervisión humana del equipo jurídico de Ariel.