Novedades normativas en contratación pública 2025 en Colombia: Lo que deben revisar empresarios y abogados

El año 2025 se ha caracterizado por un notable dinamismo en el ámbito de la contratación pública en Colombia. Impulsadas en gran medida por el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, han surgido diversas reformas y reglamentaciones que impactan directamente la forma en que las entidades estatales adquieren bienes y servicios, y cómo los empresarios y profesionales del derecho deben aproximarse a estos procesos. A continuación, se presenta un análisis de las principales novedades que deben ser objeto de revisión.

Impulso a la economía popular: las asociaciones público-populares

Uno de los cambios más significativos es la consolidación de las Asociaciones Público-Populares, una modalidad contractual que busca fortalecer la Economía Popular y Comunitaria, uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. A través de esta figura, las entidades estatales pueden celebrar contratos de manera directa y hasta por el valor de la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que formen parte de este sector económico.

El Decreto 874 de 2024, que adicionó el Decreto 1082 de 2015, define la Economía Popular de la siguiente manera:

"Para el efecto del presente Título, se entiende por economía popular a los oficios y ocupaciones mercantiles relacionados con la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, y no mercantiles, que hagan referencia a actividades domésticas o comunitarias, desarrolladas por unidades económicas de baja escala ya sea personales, familiares, micronegocios o microempresas, en cualquier sector económico. Los actores de la Economía Popular pueden realizar sus actividades de manera individual, en unidades económicas, u organizados de manera asociativa".

Implicaciones prácticas: Esta modalidad elimina barreras de entrada para pequeños actores económicos, ya que no se exige el registro mercantil como requisito de capacidad jurídica y no existen limitaciones de territorialidad, es decir, el proponente no debe estar necesariamente ubicado en el mismo territorio donde se ejecutará el contrato. Para las entidades, representa una herramienta ágil para fomentar la inclusión económica y social. Es fundamental que las entidades garanticen la publicidad de estos procesos tanto en su página web como en el SECOP.

Nuevos incentivos contractuales: apoyo a jóvenes y al sector educativo

El legislador ha introducido nuevos incentivos para fomentar la participación de grupos específicos en la contratación estatal a través de dos leyes clave expedidas en 2025:

• Ley 2479 de 2025: Modifica la Ley 2069 de 2020 para otorgar criterios diferenciales y un puntaje adicional de hasta el 0.25% a emprendimientos y empresas de jóvenes egresados del sistema de protección del ICBF en procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos.
• Ley 2481 de 2025: Establece un criterio de desempate que prioriza las ofertas presentadas por escuelas normales superiores oficiales en contratos relacionados con investigación, formación y prácticas pedagógicas.

Sin embargo, es crucial señalar que la aplicación de estos beneficios no es inmediata. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ha aclarado que:

“Las Leyes 2479 y 2481 de 2025 contienen un mandato de reglamentación que debe acatar el Gobierno Nacional, por lo que no son de aplicación inmediata”.

Por tanto, su efectividad está supeditada a la expedición de la reglamentación correspondiente.

Implicaciones prácticas: Los empresarios y entidades que puedan beneficiarse de estos incentivos deben estar atentos a la publicación de los decretos reglamentarios para poder aplicar y exigir estos criterios en los procesos de selección.

Sostenibilidad y transparencia: las nuevas guías de Colombia Compra Eficiente

En 2025, Colombia Compra Eficiente (CCE) ha reforzado su compromiso con principios transversales a la contratación pública, publicando guías y lineamientos que marcan una pauta clara para las entidades estatales:

• Guía de contratación pública sostenible y socialmente responsable: Este documento busca ser un instrumento clave para integrar buenas prácticas y promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la inclusión de criterios y obligaciones ambientales y sociales en todas las fases del proceso contractual.
• Guía de lineamientos de transparencia para La Guajira: Expedida en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, esta guía busca contribuir a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en el departamento, promoviendo la transparencia y la selección objetiva en la contratación.

Adicionalmente, se ha puesto énfasis en la necesidad de aplicar estándares de anonimización de datos al elaborar versiones públicas de documentos contractuales para proteger la información personal sin sacrificar el principio de publicidad.

Implicaciones prácticas: Los proponentes deben prepararse para responder a pliegos de condiciones que incluyan cada vez con mayor frecuencia criterios de sostenibilidad y responsabilidad social. La transparencia y la gestión adecuada de la información son, a su vez, elementos centrales que definen la legalidad y legitimidad de los procesos.

Cambios en contratos de prestación de servicios: el debate sobre los aportes a seguridad social

Una de las novedades que ha generado mayor expectativa es la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), que contemplaba la posibilidad de que las entidades públicas asumieran la retención y el pago directo de los aportes al Sistema de Seguridad Social de sus contratistas por prestación de servicios personales.

Esta medida, reglamentada por el Decreto 514 de 2025, no era de aplicación automática, sino que requería un pacto expreso entre la entidad y el contratista. No obstante, el escenario cambió drásticamente con la intervención de la Corte Constitucional. Como lo señala CCE:

“Mediante el Auto 841 del 17 de junio de 2025, la Corte Constitucional, dentro del proceso D-15989, ordenó la suspensión de la entrada en vigencia de las disposiciones contenidas en la Ley 2381 de 2024 —salvo los artículos 12, su parágrafo transitorio y 76— hasta tanto la Sala Plena de dicha corporación se pronuncie de forma definitiva sobre la constitucionalidad de la norma”.

Implicaciones prácticas: Debido a esta suspensión, la obligación de los contratistas de realizar por su cuenta el pago de sus aportes se mantiene vigente. Tanto las entidades como los contratistas deben abstenerse de implementar la retención directa hasta que la Corte Constitucional emita un fallo de fondo sobre la exequibilidad de la ley.

Ajustes sectoriales y electorales: defensa y Ley de Garantías

Finalmente, dos novedades puntuales merecen atención:

• Compensaciones industriales en defensa: El Decreto 1001 de 2025 reglamentó el artículo 257 de la Ley 2294 de 2023, estableciendo las reglas para las compensaciones industriales (conocidas como Offset) en los contratos del Sector Defensa. Esta normativa busca que las grandes adquisiciones en materia de defensa generen transferencias tecnológicas y fortalezcan la industria nacional.
• Ley de Garantías Electorales: Existe una importante precisión sobre la prohibición de celebrar contratos interadministrativos durante la vigencia de la Ley 996 de 2005. Una providencia del Consejo de Estado del 4 de octubre de 2024 suspendió provisionalmente el numeral 16.2 de la Circular Única de CCE, que extendía la prohibición a los contratos interadministrativos. Esto sugiere que, mientras la suspensión se mantenga, la prohibición se aplicaría estrictamente a los convenios interadministrativos, pero no necesariamente a todos los contratos.

Implicaciones prácticas: Las empresas del sector defensa deben estudiar a fondo la nueva reglamentación de Offsets. Por su parte, los asesores jurídicos de las entidades públicas deben analizar con detenimiento el alcance actual de las restricciones de la Ley de Garantías a la luz de las recientes decisiones judiciales.

Conclusión

El panorama de la contratación pública en 2025 es uno de transformación y ajuste. Las tendencias apuntan hacia una mayor inclusión social, sostenibilidad y transparencia. Sin embargo, también es un terreno marcado por la incertidumbre jurídica, como lo demuestra la suspensión de la reforma al pago de aportes de seguridad social y las normas de incentivos que aún esperan reglamentación. Para empresarios y abogados, la clave reside en una actualización constante y un análisis riguroso de cada nueva disposición para navegar con éxito este entorno regulatorio en evolución.

El contenido de este blog fue generado con ayuda de Ariel, el asistente legal de inteligencia artificial en Colombia y la supervisión humana del equipo jurídico de Ariel.

Fuentes:

• Presidencia de la República de Colombia. (2025). Decreto 1001 de 2025.
• Presidencia de la República de Colombia. (2025). Decreto 586 de 2025.
• Consejo de Estado. (2025). Concepto 179 de 2025.
• Consejo de Estado. (2025). Concepto 1126 de 2025.
• Consejo de Estado. (2025). Concepto 908 de 2025.
• Consejo de Estado. (2025). Concepto 494 de 2025.
• Consejo de Estado. (2025). Concepto 655 de 2025.
• Consejo de Estado. (2025). Concepto 487 de 2025.
• Consejo de Estado. (2025). Concepto 796 de 2025.
• Consejo de Estado. (2025). Concepto 635 de 2025.
• Consejo de Estado. (2025). Concepto 993 de 2025.