Colombia "descertificada": la crónica de una sanción anunciada y el laberinto jurídico del 'waiver'

Colombia enfrenta un panorama complejo tras la decisión de Estados Unidos de incluirla en la lista de países que han "incumplido de manera demostrable" sus compromisos en la lucha antidrogas. Este veredicto, si bien matizado por una exención temporal, sitúa al país bajo un intenso escrutinio internacional y pone de manifiesto una profunda tensión entre las políticas internas de Colombia y las expectativas de su principal socio estratégico. A continuación, se analiza el marco jurídico, las implicaciones y los caminos a seguir en este desafiante escenario.

1. El marco jurídico internacional: un compromiso de larga data

La lucha contra el narcotráfico no es una iniciativa aislada, sino una obligación derivada de un robusto marco jurídico internacional que Colombia ha suscrito. La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 es la piedra angular de este sistema. Este tratado, ratificado por Colombia, establece un compromiso colectivo de los Estados para suprimir una actividad criminal que amenaza la estabilidad, la seguridad y la soberanía de las naciones.

La Convención de 1988 no solo busca sancionar el tráfico, sino también atacar sus raíces. Su artículo 14 es explícito al respecto, pues obliga a los Estados Parte a:

"...adoptar medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias psicotrópicas, tales como las plantas de adormidera, los arbustos de coca y las plantas de cannabis, así como para erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio".

Este compromiso de erradicación es fundamental para entender la base de la evaluación estadounidense. Además, la Convención fomenta la cooperación internacional en materia de extradición, un punto clave en las exigencias actuales de Washington.

2. La "descertificación": un veredicto político con consecuencias tangibles

La descertificación es una medida unilateral de Estados Unidos, establecida en la Foreign Relations Authorization Act, que califica a los países que considera mayores productores o de tránsito de drogas. Colombia fue incluida en la lista de naciones que "failed demonstrably" (fallaron de manera demostrable), una sanción política y reputacional severa.

Las razones esgrimidas por la Casa Blanca son concretas:

• El crecimiento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína.
• El incumplimiento de las metas de erradicación planteadas por el propio Gobierno colombiano.

Más allá de las cifras, el señalamiento apunta directamente al "liderazgo político" del país. Según Washington, los intentos del gobierno por alcanzar acuerdos con estructuras narcotraficantes han "exacerbado la crisis", debilitando años de cooperación conjunta.

3. El 'waiver': ¿salvavidas o espada de Damocles?

A pesar de la dura calificación, la administración estadounidense aplicó un waiver o exención, una figura que blinda temporalmente la cooperación al considerarla "vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos". Es crucial entender lo que este waiver implica y lo que no.

¿Qué hace el waiver?

• Evita sanciones inmediatas: Impide que entren en vigor las restricciones automáticas sobre la asistencia militar, policial y de seguridad.
• Mantiene la cooperación: Permite que la ayuda no humanitaria continúe durante el año fiscal, aunque bajo condiciones más estrictas, con informes periódicos y verificación independiente.
• Abre una ventana de oportunidad: Otorga a Colombia un plazo de 12 meses para demostrar avances y buscar una reconsideración en el próximo ciclo de evaluación.

¿Qué NO hace el waiver?

• No elimina la designación: Colombia sigue etiquetada como un país "descertificado", con los efectos reputacionales y de escrutinio que ello conlleva.
• No garantiza continuidad incondicional: El presidente de EE. UU. puede ajustar o limitar el alcance del waiver en cualquier momento.
• No impide otras medidas: Estados Unidos puede seguir aplicando otras acciones puntuales, como sanciones dirigidas, restricciones de visas o controles adicionales.

En esencia, como lo analiza la Cámara de Comercio Colombo Americana, se trata de un "compás de espera condicionado y no de un salvavidas incondicional".

4. Dos paradigmas en colisión: la política colombiana vs. las expectativas de EE.UU.

La descertificación pone de relieve un choque de visiones sobre cómo abordar el problema de las drogas. Mientras Estados Unidos exige resultados medibles en erradicación, interdicción y extradiciones, y mecanismos más agresivos para ello, Colombia avanza hacia un cambio de paradigma.

El actual Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 propone una nueva política de drogas que busca transitar de economías ilegales a legales mediante la transformación territorial. Esta estrategia incluye:

• La regulación de usos alternativos de la planta de coca y el uso adulto del cannabis.
• Un tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores.
• La desarticulación de estructuras multicrimen enfocándose en los eslabones de la cadena que generan más violencia y se lucran en mayor proporción.
• Liderar un cambio en el enfoque global para superar la "guerra contra las drogas", un esfuerzo que ya se ha manifestado en foros internacionales como la ONU y la OEA.

Este enfoque encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha criticado el paradigma de la "guerra contra las drogas" por su impacto negativo en las comunidades campesinas y étnicas. 

La Corte ha destacado la importancia del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), derivado del Acuerdo de Paz, como una política de Estado que busca atender las causas estructurales de los cultivos, como la pobreza y la falta de presencia estatal, a través de la sustitución voluntaria.

Esta visión choca con la política antidrogas más tradicional, que ha sido criticada internamente por algunos sectores como "un esquema foráneo, ajeno a nuestro interés nacional".

4. El panorama colombiano: una mirada integral

Colombia se encuentra en una encrucijada. La descertificación, aunque atenuada por el waiver, es un llamado de atención con implicaciones serias que van más allá de lo simbólico, pudiendo afectar el acceso a créditos y la cooperación con otros socios internacionales.

El país tiene ahora 12 meses para demostrar "avances claros". Esto exige un delicado equilibrio entre la soberanía para definir su propia política de drogas, orientada a la paz total y al desarrollo territorial, y la necesidad de presentar resultados verificables a su principal socio. Este es, quizás, el aspecto más crítico del proceso.

El contenido de este blog fue generado con ayuda de Ariel, el asistente legal de inteligencia artificial en Colombia y la supervisión humana del equipo jurídico de Ariel.

Fuentes:

• Colombia. Convenio de cooperación en la lucha contra el tráfico de estupefacientes Colombia – Rusia.
• Comisión Nacional de Planeación (CNP). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
• Consejo Nacional Electoral (CNE). Resolución 01857 de 2024.
• Corte Constitucional. Sentencia SU-545 de 2023.
• Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 2024.
• Corte Internacional de Justicia (CIJ). Informe anual del Comité Jurídico a la Asamblea General, 2014.
• Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sentencia AP-3903 de 2025.
• Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sentencia AP-4366 de 2025.
• Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sentencia CP-074 de 2019 (54569).
• Departamento Nacional de Planeación. CONPES 4042 de 2021. SARLAFT.
• Migración Colombia. Informe de gestión, vigencia 2022.
• Organización de las Naciones Unidas (ONU). Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.