Fiscalía General de la Nación regula la inteligencia artificial: claves de la nueva política de uso responsable

La Fiscalía General de la Nación (FGN) ha dado un paso fundamental hacia la modernización de la investigación penal en Colombia con la expedición de la Resolución Nro. 0-0077 de 2026. Esta normativa adopta la primera política formal de uso responsable de la inteligencia artificial (IA) en la entidad, reconociendo su potencial como herramienta estratégica para fortalecer la eficiencia institucional. La resolución aborda la tensión central de nuestro tiempo: cómo aprovechar las capacidades de la IA para optimizar la justicia sin comprometer los derechos fundamentales, la autonomía del funcionario y el debido proceso.

Este marco regulatorio no surge en el vacío. Se alinea con las directrices de la Política de Gobierno Digital y los Estándares para la Transformación Digital Pública, que exigen un uso responsable de la IA, análisis de riesgos y la aplicación de principios éticos en el sector público. La FGN establece un modelo de gobernanza que busca equilibrar la innovación con la seguridad jurídica, un desafío crucial para la legitimidad de la administración de justicia en la era digital.

El marco normativo: principios y gobernanza de la IA en la Fiscalía

El objeto principal de la resolución es establecer lineamientos comunes para impulsar, articular y escalar las iniciativas de innovación que incorporan IA, garantizando una implementación "segura, ética, interoperable y conforme con los estándares técnicos aplicables". Para lograrlo, la política se fundamenta en un conjunto de principios rectores que deben orientar el uso, desarrollo y adquisición de cualquier sistema de IA en la entidad.

El pilar fundamental de esta política es el principio de responsabilidad humana. La resolución es enfática al establecer que la tecnología es un mero instrumento de apoyo. En sus propias palabras:

"La IA es una herramienta de apoyo que no sustituye el criterio jurídico, la valoración probatoria ni la responsabilidad funcional del servidor público o contratista. Ningún resultado generado por un sistema de IA podrá incorporarse a una actuación institucional sin previa validación humana".

Este principio se complementa con otros de igual relevancia, como la transparencia, que exige que el funcionamiento y las limitaciones de los sistemas sean comprensibles; la privacidad y protección de datos, en estricto cumplimiento de la Ley 1581 de 2012; y la equidad y no discriminación, que ordena evitar la reproducción de sesgos que puedan vulnerar derechos fundamentales.

En cuanto a la gobernanza, la resolución define roles claros. La Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones actuará como el articulador institucional, mientras que otras dependencias, como la Dirección de Planeación y Desarrollo, promoverán una cultura de innovación responsable.

Usos permitidos y prohibiciones: delimitando el campo de acción

La política de la FGN define un marco de uso claro, autorizando herramientas de IA para actividades que faciliten la investigación penal y la gestión administrativa. Entre los usos permitidos se encuentran tareas de apoyo que optimizan el tiempo y fortalecen la labor humana en actividades analíticas y estratégicas, tales como:

• Redacción asistida y corrección de estilo.
• Organización de información y elaboración de presentaciones.
• Traducción, búsqueda y síntesis de fuentes.
• Transcripción y extracción de información de documentos.

Sin embargo, la resolución es taxativa al establecer que los resultados generados por estas herramientas tienen un carácter de "insumo preliminar orientativo". La responsabilidad final recae siempre en el funcionario que verifica, valida e incorpora la información en una actuación oficial.

Las prohibiciones son igualmente contundentes y buscan proteger el núcleo de los derechos procesales. Se prohíbe expresamente el uso de la IA para:

"Formular de manera automatizada decisiones de imputación, archivo de casos, determinación de responsabilidad penal o cualquier acción que afecte derechos fundamentales".

Utilizar herramientas no avaladas por la FGN que puedan comprometer información reservada, compartirla con terceros o emplearla para reentrenamiento de modelos sin autorización.

Un enfoque granular: el sistema de clasificación de riesgos

Uno de los aspectos más innovadores de la Resolución 0-0077 es la adopción de un modelo de control del riesgo proporcional y riguroso. Toda iniciativa de IA debe ser sometida a una clasificación que evalúa tres factores concurrentes para determinar la rigurosidad de los controles a aplicar:

• Sensibilidad de la Información: El nivel de exigencia aumenta según la naturaleza de los datos, desde información pública (riesgo bajo) hasta información de especial protección y reserva crítica, como datos de víctimas o testigos protegidos (riesgo alto).
• Impacto Misional: Se evalúa el daño potencial derivado de errores o "alucinaciones" de la IA. No es lo mismo usarla para soporte administrativo (riesgo bajo) que para sistemas de apoyo al análisis que sirvan de insumo para la labor investigativa (riesgo alto).
• Escala y modo de ejecución: El riesgo se diferencia si el uso es individual y supervisado por un funcionario, o si se trata de un procesamiento masivo o automatizado, que por su escala implica un riesgo mayor.

Este sistema permite a la FGN aplicar controles de transparencia y trazabilidad de manera proporcional, enfocando los esfuerzos de acompañamiento técnico donde el riesgo para la misión institucional y los derechos de los ciudadanos es más elevado.

Diálogo con las altas cortes: la FGN en sintonía con el poder judicial

La iniciativa de la Fiscalía no es un hecho aislado, sino que dialoga directamente con los desarrollos jurisprudenciales recientes. En la histórica Sentencia T-323 de 2024, la Corte Constitucional estableció un decálogo de criterios orientadores para el uso de la IA en la administración de justicia, entre los que se incluyen la transparencia, la responsabilidad, la no sustitución de la racionalidad humana y el control humano efectivo.

La Corte exhortó en dicha providencia al Consejo Superior de la Judicatura a emitir lineamientos sobre el uso de estas tecnologías, lo que se materializó en el Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024. La política de la FGN se alinea perfectamente con estos principios, demostrando un esfuerzo coordinado del Estado colombiano por abordar la gobernanza de la IA en el sector justicia bajo un enfoque garantista y de derechos humanos.

Implicaciones prácticas

La implementación de esta política tendrá consecuencias directas y significativas para todos los actores del sistema penal:

• Para fiscales e investigadores: Ofrece seguridad jurídica para emplear herramientas de IA, pero también establece deberes claros, como la obligación de conocer sus limitaciones (sesgos y alucinaciones), validar rigurosamente sus resultados y dejar constancia de su uso.
• Para la defensa técnica: Abre una nueva frontera en el litigio. Los abogados defensores podrán exigir transparencia sobre el uso de IA en las investigaciones, conforme al principio de igualdad de armas, y controvertir los insumos que no hayan sido debidamente validados.
• Para la administración de justicia: La práctica de declarar de forma transparente el uso de la IA, como ya se observa en algunas providencias judiciales que citan la Sentencia T-323/24, se consolidará como una buena práctica que fortalece la confianza en las decisiones institucionales.

Conclusión reflexiva

La Resolución 0-0077 de 2026 posiciona a la Fiscalía General de la Nación a la vanguardia de la regulación de la inteligencia artificial en el sector público latinoamericano. Más que una norma restrictiva, es un marco habilitador para la innovación responsable. Al priorizar la supervisión humana, la protección de datos y un sistema de riesgos sofisticado, la FGN busca fortalecer sus capacidades investigativas sin sacrificar las garantías constitucionales que son la base del Estado de Derecho.

El camino que sigue es el de la implementación efectiva: la capacitación de los funcionarios, la creación de un inventario de herramientas seguras y la adaptación continua a una tecnología en evolución constante. Esta resolución no es un punto de llegada, sino un sólido punto de partida para construir una justicia más eficiente, transparente y, sobre todo, humana.

Fuentes

• Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia.
• Consejo Superior de la Judicatura. (2024). Acuerdo PCSJA24-12243.
• Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia T-323-2024.
• Fiscalía General de la Nación. (2026). Resolución Nro. 0-0077.
• Tribunal Administrativo de Caldas. (2025). Sentencia del 1 de agosto de 2025 (Rad. 17001-33-39-008-2019-00277-01).

El contenido de este blog fue generado con ayuda de Ariel, el asistente legal de inteligencia artificial en Colombia y la supervisión humana del equipo jurídico de Ariel.