El Congreso colombiano abrió una discusión que trasciende el tradicional debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El Proyecto de Acto Legislativo 114 de 2026 Cámara propone modificar el artículo 11 de la Constitución Política para establecer que “la vida humana existe desde la fecundación”, que gozará de protección constitucional durante todas las etapas de su desarrollo y que el ser humano en gestación será sujeto de especial protección constitucional.

La propuesta plantea una pregunta particularmente compleja: ¿qué ocurriría con el ordenamiento jurídico colombiano si la Constitución fijara expresamente la fecundación como punto de partida de la protección de la vida humana?

La respuesta involucra mucho más que el aborto. La reforma podría abrir discusiones sobre anticoncepción de emergencia, fertilización in vitro, embriones criopreservados, derechos reproductivos y el alcance mismo de conceptos jurídicos como persona, vida y nasciturus.

¿Cuándo comienza la vida para el derecho colombiano?

El ordenamiento colombiano no responde esta pregunta mediante una única regla. Por el contrario, diferencia entre vida humana, personalidad jurídica, derecho fundamental a la vida y protección de la vida en gestación.

El artículo 90 del Código Civil establece que la existencia legal de toda persona principia al nacer, una vez producida la separación completa de la madre y siempre que la criatura sobreviva siquiera un instante. La Corte Suprema de Justicia ha reiterado que con el nacimiento se adquiere personalidad jurídica y se consolida la titularidad de derechos.

Esto no significa que antes del nacimiento exista un vacío de protección.

Los artículos 91 y 93 del Código Civil contemplan mecanismos de protección del que está por nacer. A su vez, la Corte Constitucional ha distinguido entre el derecho fundamental a la vida, cuya titularidad corresponde a la persona humana, y la vida en gestación como bien constitucionalmente protegido.

Esta diferencia resulta esencial. La Sentencia C-355 de 2006 estableció que proteger constitucionalmente al nasciturus no implica reconocerle exactamente la misma protección jurídica que a una persona nacida. Posteriormente, la Sentencia C-055 de 2022 reiteró que la vida debe protegerse durante su desarrollo, pero no necesariamente con la misma intensidad.

Fecundación, implantación y nacimiento: tres momentos jurídicamente distintos

El proyecto introduce específicamente la fecundación como frontera constitucional. Esto merece especial atención porque no equivale necesariamente a otros conceptos utilizados por el derecho.

En Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el cual la vida estará protegida por la ley “en general, a partir del momento de la concepción”.

Para efectos de esa disposición, el tribunal interamericano determinó que la concepción ocurre con la implantación del embrión en el útero, no simplemente con la fecundación. También concluyó que el embrión no puede ser considerado persona para efectos del artículo 4.1 y que la protección de la vida prenatal no es absoluta.

La Corte Constitucional acogió esta interpretación como criterio hermenéutico relevante en la Sentencia C-327 de 2016 y encontró que resulta compatible con su propia jurisprudencia sobre protección gradual de la vida prenatal.

Precisamente por ello, constitucionalizar expresamente la fecundación, una etapa anterior a la implantación, introduciría un nuevo elemento dentro del parámetro constitucional colombiano.

¿Qué ocurriría con la interrupción voluntaria del embarazo?

Este sería uno de los principales escenarios de tensión.

Desde la Sentencia C-055 de 2022, el artículo 122 del Código Penal únicamente sanciona el aborto consentido cuando se realiza después de la semana 24 de gestación. Superado ese plazo continúan aplicándose, sin límite temporal, las tres circunstancias reconocidas desde la Sentencia C-355 de 2006: riesgo para la vida o salud de la mujer; grave malformación fetal incompatible con la vida; y embarazo derivado de determinadas conductas delictivas.

El fundamento constitucional de este modelo está en la protección gradual e incremental de la vida en gestación. La Corte Constitucional ha explicado que su protección aumenta con el desarrollo gestacional y debe ponderarse con la dignidad humana, la salud, la autonomía reproductiva, la igualdad y la libertad de conciencia de las mujeres y personas gestantes.

Por ello, aprobar el Proyecto de Acto Legislativo 114 no significaría que las sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022 desaparezcan automáticamente ni que todo aborto pase inmediatamente a constituir un delito.

El cambio sería, sin embargo, jurídicamente significativo: la propia Constitución contendría un nuevo parámetro expreso de protección desde la fecundación. Determinar cómo se armonizaría con la jurisprudencia existente probablemente requeriría nuevas decisiones judiciales, desarrollo legislativo y ejercicios de ponderación constitucional.

¿La pastilla del día después estaría en riesgo?

La respuesta exige diferenciar jurídicamente anticoncepción y aborto.

La Corte Constitucional resolvió esta discusión de manera especialmente clara en la Sentencia T-627 de 2012, al establecer que la anticoncepción oral de emergencia “no tiene carácter abortivo sino anticonceptivo”.

Por consiguiente, reconocer protección constitucional desde la fecundación no permite concluir automáticamente que la pastilla del día después quedaría prohibida.

La discusión sobre métodos anticonceptivos tendría que partir de evidencia científica acerca de sus mecanismos de acción y de la jurisprudencia que protege los derechos sexuales y reproductivos. Una reforma constitucional no convierte, por sí sola, un método anticonceptivo en abortivo.

Fertilización in vitro: la consecuencia menos evidente

Una de las cuestiones más complejas podría aparecer en la reproducción humana asistida.

La fertilización in vitro supone la fecundación del óvulo fuera del cuerpo humano. Durante estos procedimientos pueden generarse varios embriones, algunos destinados a transferencia y otros a criopreservación.

Si la Constitución estableciera que la vida humana existe desde la fecundación y que goza de protección constitucional desde ese instante, surgirían interrogantes difíciles de evitar: ¿qué nivel de protección tendría un embrión extracorpóreo?, ¿qué obligaciones recaerían sobre las clínicas de reproducción asistida?, ¿podrían descartarse embriones no utilizados?, ¿qué ocurriría con aquellos que permanecen criopreservados?

El precedente interamericano es especialmente relevante. En Artavia Murillo, la Corte Interamericana consideró que una protección absoluta del embrión que impidiera la fertilización in vitro afectaba desproporcionadamente derechos relacionados con la autonomía reproductiva, la vida privada y familiar y la integridad personal.

La discusión, por tanto, podría extenderse mucho más allá de la interrupción del embarazo.

Colombia como Estado laico: ¿qué lugar ocupa la religión?

El debate sobre el comienzo de la vida tiene componentes científicos, filosóficos, jurídicos, éticos y religiosos. Que ciudadanos, organizaciones o congresistas defiendan determinadas posiciones inspirados en sus convicciones religiosas es legítimo en una democracia pluralista.

Una cuestión diferente es el fundamento que puede justificar una decisión estatal.

Desde la Sentencia C-350 de 1994, la Corte Constitucional ha desarrollado el carácter laico y pluralista del Estado colombiano. En materia reproductiva, la jurisprudencia ha insistido igualmente en que las autoridades públicas no pueden restringir derechos fundamentales con fundamento exclusivo en una creencia o moralidad particular.

Esto tampoco significa que una propuesta de protección de la vida desde la fecundación sea inconstitucional simplemente porque coincida con determinadas posiciones religiosas. El punto jurídico es otro: su justificación constitucional debe poder sostenerse mediante razones públicas, jurídicas y constitucionalmente admisibles, independientes de la adhesión a un credo determinado.

Una reforma de tres frases que podría cambiar mucho más que el artículo 11

La discusión planteada por el Proyecto de Acto Legislativo 114 de 2026 Cámara evidencia que determinar cuándo comienza la vida no resuelve, por sí mismo, el problema jurídico.

Actualmente, el ordenamiento colombiano diferencia la existencia legal de la persona, la titularidad del derecho fundamental a la vida y la protección constitucional de la vida prenatal. Además, esta última ha sido construida jurisprudencialmente bajo un criterio gradual e incremental.

Incorporar la fecundación directamente al artículo 11 introduciría una nueva regla de jerarquía constitucional que tendría que convivir con la autonomía reproductiva, la dignidad humana, la salud, la igualdad, la libertad de conciencia, la personalidad jurídica y las obligaciones internacionales del Estado.

Sus consecuencias podrían alcanzar desde la interrupción voluntaria del embarazo hasta la anticoncepción y las técnicas de reproducción humana asistida.

Por eso, quizás la pregunta jurídicamente más relevante no sea simplemente cuándo comienza la vida, sino qué consecuencias constitucionales pretende atribuir el Estado a ese comienzo. Y esa diferencia puede definir el alcance real de la reforma.

Fuentes

• Cámara de Representantes de Colombia. (2026). Proyecto de Acto Legislativo 114 de 2026 Cámara. Gaceta del Congreso 1058 de 2026.
• Congreso de la República de Colombia. (1887). Código Civil, arts. 90, 91 y 93.
• Congreso de la República de Colombia. (2000). Ley 599 de 2000. Código Penal.
• Corte Constitucional de Colombia. (1994). Sentencia C-350 de 1994.
• Corte Constitucional de Colombia. (1995). Sentencia C-591 de 1995.
• Corte Constitucional de Colombia. (2006). Sentencia C-355 de 2006.
• Corte Constitucional de Colombia. (2012). Sentencia T-627 de 2012.
• Corte Constitucional de Colombia. (2016). Sentencia C-327 de 2016.
• Corte Constitucional de Colombia. (2022). Sentencia C-055 de 2022.
• Corte Constitucional de Colombia. (2023). Sentencia C-322 de 2023.
• Corte Suprema de Justicia. (2024). Sentencia STC16753-2024.
• Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2012). Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica.