Nuevas fronteras de los derechos fundamentales: la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional

Introducción: La Constitución viviente y el rol del juez constitucional

Los derechos fundamentales no son conceptos estáticos; su alcance y contenido se transforman en respuesta a las realidades sociales, los avances científicos y las nuevas comprensiones sobre la dignidad humana. En Colombia, la Corte Constitucional ha sido el principal motor de esta evolución, actuando como guardiana de una “Constitución viviente”. Desde sus inicios, este tribunal ha sostenido que la eficacia de los derechos depende de su materialización a través de la acción judicial. Como lo expresó memorablemente en una de sus primeras sentencias, citada en decisiones posteriores: “hoy, con la nueva Constitución, los derechos son aquello que los jueces dicen a través de las sentencias de tutela”.

Este artículo analiza algunas de las líneas jurisprudenciales más recientes y significativas a través de las cuales la Corte Constitucional ha redefinido y expandido el alcance de los derechos fundamentales, marcando nuevas fronteras en la protección de la dignidad, la autonomía y la igualdad en el país.

El principio de dignidad humana como epicentro expansivo

El concepto de dignidad humana es la piedra angular del Estado Social de Derecho en Colombia y el criterio hermenéutico central para la Corte al definir qué constituye un derecho fundamental. La jurisprudencia ha superado la idea inicial de que los derechos fundamentales se limitan a los explícitamente listados en la Constitución, para adoptar un criterio material ligado a la dignidad.

En la Sentencia T-227 de 2003, la Corte consolidó una visión de la dignidad humana que continúa guiando sus decisiones más recientes. Esta visión se fundamenta en la idea de que “será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo”. A su vez, la dignidad ha sido definida como una triple facultad:

“[L]a triple facultad de la persona de ‘vivir como quiera’ (autonomía), ‘vivir bien’ (garantía de condiciones mínimas de vida) y de ‘vivir sin humillaciones’ (defensa de la integridad física y moral).”

Esta concepción tripartita de la dignidad sirve como un motor de expansión de los derechos, permitiendo a la Corte abordar nuevas realidades y proteger a grupos históricamente marginados de formas novedosas y robustas.

La capacidad jurídica y la autonomía: un nuevo paradigma para la diversidad funcional

Una de las redefiniciones más contundentes en la jurisprudencia reciente se encuentra en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad o diversidad funcional. La Corte ha transitado de un modelo asistencialista a uno social, centrado en la autonomía y la capacidad jurídica plena.

La Sentencia T-357 de 2023 es un hito en esta materia. Al estudiar el caso de una mujer con diversidad cognitiva a quien se le negó un procedimiento de esterilización voluntaria exigiéndole una autorización judicial, la Corte no solo protegió sus derechos, sino que estableció reglas claras que desmantelan barreras discriminatorias. El tribunal fue enfático al señalar:

“(iii) Que la Corte Constitucional advirtió que, en ningún escenario, puede exigirse autorización judicial para que un tercero sustituya la voluntad de una persona mayor de edad con diversidad funcional, interesada en la práctica de un procedimiento anticonceptivo definitivo. Es una decisión que atañe exclusivamente al fuero interno de esa persona, sin perjuicio de los apoyos y ajustes razonables que eventualmente requiera para comprender las implicaciones de ese tipo de intervenciones y para exteriorizar su voluntad al respecto.”

Esta decisión redefine los derechos a la salud sexual y reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad y, fundamentalmente, a la capacidad jurídica, alineando el ordenamiento colombiano con los más altos estándares internacionales y reconociendo que la autonomía no es una concesión, sino un derecho inherente a toda persona.

De manera similar, en el ámbito educativo, la Sentencia T-415 de 2024 profundiza en el concepto de “ajustes razonables”, subrayando que estos deben ser individualizados y flexibles, e incluso advirtiendo que ciertas medidas, como el acompañamiento parental permanente, pueden limitar la autonomía del estudiante, mostrando una comprensión sofisticada de las necesidades de esta población.

La Constitución ecológica y los derechos bioculturales

Desde la Sentencia T-411 de 1992, la Corte ha desarrollado el concepto de una “Constitución Ecológica”, que reconoce al medio ambiente una triple dimensión: es un principio que irradia todo el ordenamiento, un derecho que faculta a las personas a gozar de un ambiente sano y un deber a cargo del Estado y la sociedad.

Las sentencias más recientes han expandido esta noción para enfrentar desafíos emergentes como el cambio climático y para reconocer la interdependencia entre la naturaleza y las culturas que la habitan. La jurisprudencia ha reconocido a entidades naturales, como el río Atrato, como sujetos de derechos, trascendiendo una visión puramente antropocéntrica.

Además, la Corte ha subrayado la obligación del Estado de cumplir con sus compromisos internacionales en materia climática, como el Acuerdo de París, de manera compatible con la Constitución y bajo el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Este enfoque biocultural protege no solo los ecosistemas, sino también los derechos fundamentales de las comunidades étnicas, cuya supervivencia y cosmovisión están intrínsecamente ligadas a sus territorios.

Identidad de género y familias diversas: la igualdad como derecho no negociable

La protección de las minorías sexuales y de género ha sido un campo fértil para la redefinición de derechos. La Corte ha reiterado que los derechos de grupos minoritarios constituyen un “coto vedado” para las mayorías y que la democracia no puede ser un pretexto para perpetuar la discriminación.

En la Sentencia SU-214 de 2016, la Corte zanjó definitivamente el debate sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, afirmando que impedirles el acceso a esta institución constituía un déficit de protección inaceptable. Más recientemente, en sentencias como la C-324 de 2023, ha profundizado en el contenido del derecho a la identidad de género, basándose en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha establecido que este derecho incluye, entre otros, la facultad de definir autónomamente la propia identidad y la prohibición de toda forma de discriminación o restricción basada en ella.

Asimismo, la Corte ha ampliado el alcance de los derechos reproductivos para incluir la posibilidad de acceder a tecnologías de reproducción asistida, como la fertilización in vitro, como parte del derecho a fundar una familia, estableciendo requisitos para su financiación excepcional con recursos públicos.

Implicaciones prácticas para el ejercicio profesional

Esta jurisprudencia expansiva tiene implicaciones directas para abogados, empresas y la sociedad en general. Primero, demuestra que el litigio estratégico sigue siendo una herramienta poderosa para la reivindicación de derechos. Segundo, obliga a los operadores jurídicos a mantenerse en constante actualización, pues el precedente constitucional es una fuente de derecho vinculante que puede modificar la interpretación de la ley.

La facultad del juez de tutela para emitir fallos ultra y extra petita —es decir, ir más allá de lo solicitado por el demandante para garantizar una protección efectiva— refuerza la idea de que la defensa de los derechos fundamentales es una labor judicial proactiva y no meramente reactiva.

Conclusión: un constitucionalismo para el futuro

Las decisiones recientes de la Corte Constitucional colombiana reflejan un constitucionalismo dinámico y comprometido con la materialización de la dignidad humana. Al redefinir derechos en áreas tan diversas como la capacidad jurídica, la protección ambiental, la identidad de género y la autonomía reproductiva, la Corte no solo resuelve casos concretos, sino que también envía un mensaje claro: la Constitución es un instrumento vivo, capaz de adaptarse para proteger a todas las personas en una sociedad plural y en constante cambio.

Este activismo judicial, lejos de ser una extralimitación, constituye el cumplimiento del mandato de la Corte de asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.

El contenido de este blog fue generado con ayuda de Ariel, el asistente legal de inteligencia artificial en Colombia y la supervisión humana del equipo jurídico de Ariel.

Fuentes:

• Corte Constitucional. (2014). Sentencia C-313-2014.
• Corte Constitucional. (2015). Sentencia SU-355-2015.
• Corte Constitucional. (2016). Sentencia SU-214-2016.
• Corte Constitucional. (2018). Sentencia C-007-2018.
• Corte Constitucional. (2020). Sentencia SU-074-2020.
• Corte Constitucional. (2021). Sentencia C-146-2021.
• Corte Constitucional. (2023). Sentencia C-324-2023.
• Corte Constitucional. (2023). Sentencia C-383-2023.
• Corte Constitucional. (2023). Sentencia T-357-2023.
• Corte Constitucional. (2024). Sentencia T-248-2024.
• Corte Constitucional. (2024). Sentencia T-378-2024.
• Corte Constitucional. (2024). Sentencia T-415-2024.