La incorporación de inteligencia artificial en la administración de justicia plantea un desafío que trasciende la innovación tecnológica: determinar si estas herramientas pueden contribuir efectivamente a la eficiencia judicial sin comprometer la autonomía, la rigurosidad jurídica y la responsabilidad de quienes las utilizan.

Entre mayo y agosto de 2026, Ariel participó en una Prueba de Concepto (PoC) con servidores judiciales de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. El ejercicio permitió observar cómo una herramienta de inteligencia artificial especializada puede integrarse en actividades de investigación jurídica, consulta normativa y análisis jurisprudencial.

Más allá de la valoración general de la plataforma, los resultados ofrecen información sobre tres aspectos fundamentales: la evolución del uso, la percepción de eficiencia y la interacción de los funcionarios con las fuentes jurídicas.

Del uso exploratorio a la integración en el trabajo judicial

Uno de los resultados más significativos fue el crecimiento de las consultas durante el periodo evaluado.

El primer mes se registraron 128 consultas, mientras que en el último se alcanzaron 531, lo que representa un volumen aproximadamente 4,1 veces superior al inicial.

En total, se contabilizaron 877 consultas, con una tasa de procesamiento satisfactorio del 98,3 %.

Este incremento permite identificar una mayor utilización de Ariel durante el ejercicio, aunque por sí mismo no demuestra una adopción institucional permanente. Su relevancia radica en evidenciar que los participantes encontraron oportunidades para incorporar la herramienta en sus actividades habituales.

Los registros también mostraron una concentración de consultas durante los martes y miércoles, particularmente entre las 8:00 y las 9:00 a. m. y entre las 2:00 y las 3:00 p. m., horarios compatibles con las jornadas ordinarias de trabajo.

Los resultados de Ariel en cifras

La prueba también permitió evaluar la experiencia de los funcionarios mediante una encuesta anónima, respondida por 22 usuarios.

Los resultados muestran una percepción favorable respecto de la utilidad de la herramienta:

• 95,5 % manifestó haber ahorrado al menos un 25 % de tiempo en determinadas tareas.
• Cerca de uno de cada cuatro participantes reportó ahorros superiores al 50 %.
• 91 % consideró que Ariel era fácil de utilizar.
• 90,9 % reconoció su utilidad para la investigación jurídica.
• 90,9 % consideró actualizadas las fuentes jurídicas consultadas.
• 90,9 % manifestó que utilizaría regularmente la herramienta si tuviera acceso a ella.

La experiencia general recibió una calificación promedio de 4,6 sobre 5, mientras que el 77 % de los encuestados otorgó la máxima valoración.

Asimismo, el 82 % utilizó Ariel dos o más días por semana y ningún participante manifestó tener conocimiento de incidentes de seguridad o privacidad durante la prueba.

Estos indicadores reflejan una recepción positiva entre los usuarios encuestados. Sin embargo, los porcentajes de ahorro corresponden a percepciones declaradas, no a una medición experimental de productividad, y la ausencia de incidentes reportados no equivale a una certificación de seguridad.

1.363 visualizaciones de fuentes: la importancia de verificar la información jurídica

Un aspecto especialmente relevante fue la interacción de los participantes con los documentos jurídicos asociados a las consultas.

Durante la prueba se registraron 1.363 visualizaciones y 466 descargas de fuentes, lo que permite observar que el uso de Ariel no se limitó a obtener respuestas generadas mediante inteligencia artificial.

Estos registros son consistentes con un flujo de investigación en el que el profesional consulta información y accede posteriormente a los documentos que pueden sustentarla.

Esta distinción tiene importancia jurídica. En la investigación normativa y jurisprudencial, la utilidad de una respuesta depende no solamente de su claridad, sino también de la posibilidad de comprobar su fundamento, identificar la autoridad que la respalda y establecer su pertinencia frente al problema jurídico.

La consulta de documentos mediante la plataforma favorece esa posibilidad de contrastación. No obstante, los registros de visualización y descarga no permiten concluir, por sí solos, que todas las fuentes hayan sido verificadas integralmente por los participantes.

Inteligencia artificial y responsabilidad judicial: ¿qué exige la normativa colombiana?

Los resultados de la prueba adquieren especial relevancia frente al marco jurídico establecido para el uso de inteligencia artificial en la administración de justicia.

En la Sentencia T-323 de 2024, la Corte Constitucional reconoció la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial en actividades judiciales, siempre que su implementación respete las garantías fundamentales y no sustituya aquellas funciones que requieren razonamiento humano.

La providencia desarrolló criterios relacionados con transparencia, responsabilidad, privacidad, verificación de resultados, prevención de riesgos y control humano.

En particular, la Corte destacó que estas herramientas no pueden reemplazar la valoración probatoria, la interpretación de los hechos, la motivación de las providencias ni la adopción de decisiones judiciales.

Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, mediante el cual adoptó lineamientos para el uso respetuoso, responsable, seguro y ético de inteligencia artificial en la Rama Judicial.

Este instrumento reconoce el potencial de la tecnología para apoyar la gestión documental, el análisis de información y otras actividades institucionales. Al mismo tiempo, advierte sobre riesgos relacionados con errores, información inexacta, sesgos y exposición de datos confidenciales.

En este contexto, la posibilidad de acceder a fuentes jurídicas verificables constituye una característica relevante de las herramientas especializadas. No elimina los riesgos inherentes a la inteligencia artificial, pero proporciona elementos para que el operador jurídico ejerza sus propios controles.

Por tanto, la eficiencia tecnológica debe entenderse como un complemento de la responsabilidad profesional, nunca como su sustituto.

¿Qué significan estos resultados para el futuro de la justicia?

La Prueba de Concepto permite identificar oportunidades para la modernización de determinadas actividades judiciales, especialmente aquellas relacionadas con la búsqueda, organización y consulta de información jurídica.

El crecimiento de las consultas, las valoraciones favorables de los participantes y la interacción con las fuentes documentales constituyen indicadores útiles para analizar la integración de soluciones especializadas en entornos institucionales.

No obstante, la adopción de inteligencia artificial requiere evaluaciones que también consideren la precisión de las respuestas, la protección de datos personales, la seguridad de la información, la capacitación de los funcionarios y los mecanismos de supervisión humana.

Los resultados de esta prueba no constituyen una autorización general para delegar funciones jurisdiccionales ni permiten proyectar automáticamente el mismo desempeño a todos los despachos judiciales.

Su contribución consiste en ofrecer evidencia sobre el comportamiento de una herramienta de inteligencia artificial jurídica en un escenario concreto de utilización.

Conclusión

La transformación digital de la justicia no depende exclusivamente de incorporar nuevas tecnologías, sino de determinar cómo pueden utilizarse de manera responsable, verificable y compatible con las garantías del ordenamiento jurídico.

Los resultados obtenidos por Ariel durante la Prueba de Concepto con servidores de la Corte Suprema de Justicia muestran una evolución favorable en el uso de la plataforma y una percepción positiva sobre su utilidad para la investigación jurídica.

El principal aprendizaje es que la inteligencia artificial especializada puede contribuir a optimizar tareas de consulta y análisis documental, siempre que se mantengan la supervisión humana, la verificación de fuentes y la independencia del criterio jurídico.

El futuro de la inteligencia artificial en la justicia no consiste en reemplazar el razonamiento de jueces y abogados, sino en proporcionarles mejores herramientas para ejercerlo.

Fuentes

• Ariel. (2026). Resultados clave de la prueba de concepto: Ariel en la Corte Suprema de Justicia. Infografía institucional, mayo-agosto de 2026.
• Ariel. (2026, 30 de septiembre). La Corte Suprema probó Ariel: estos son los resultados. https://blog.arielapp.co/la-corte-suprema-probo-ariel-estos-son-los-resultados/
• Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia T-323 de 2024. Consultar en Ariel.
• Consejo Superior de la Judicatura. (2024, 16 de diciembre). Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024, por el cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial en la Rama Judicial. Consultar en Ariel.